Por si el panorama político español fuera poco complicado, ha llegado
la sentencia del TJUE pronunciándose sobre la inmunidad como
europarlamentario de Oriol Junqueras, a raíz de una cuestión prejudicial
planteada por el Tribunal Supremo español en el “juicio del procés”.
Conviene recordar, efectivamente, que fue el propio TS el que preguntó
al TJUE acerca del alcance de la inmunidad de los eurodiputados electos,
pese a que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo consideraban
necesario.
Por tanto, el Tribunal Supremo ha actuado conforme a las reglas del
estado de Derecho al entender que (como finalmente ha ocurrido) podía
haber una interpretación diferente de la normativa europea y que era
necesario que el TJUE se pronunciara sobre si el mero hecho de ser
elegido al Parlamento europeo confería inmunidad o eran necesarios otros
requisitos adicionales a la elección previstos en la normativa nacional
que, en este caso, no se cumplían.
Recordemos en este punto que el propio TS no había permitido a
Junqueras salir de prisión siguiendo en este punto el criterio de la
Fiscalía (la Abogacía del Estado sostenía que sí había que permítirselo,
como ya había sucedido cuando fue elegido al Congreso de los Diputados
en las elecciones del 28 de abril) para acatar la Constitución como
requisito para acceder a la condición de eurodiputado.
Este requisito está recogido en la legislación nacional, en concreto
en el artículo 224 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General: “1. La Junta Electoral Central procede”, no
más tarde del vigésimo día posterior a las elecciones, al recuento de
los votos a nivel nacional, a la atribución de escaños correspondientes
a cada una de las candidaturas y a la proclamación de electos. 2. En el
plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos
deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta
Electoral Central. Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central
declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del
Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas
todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su
cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento.”
Hay que reseñar que el TS justificaba su decisión de no dejar salir a
Junqueras del centro penitenciario en la necesidad de preservar los
fines del proceso penal principal, que, a su juicio, correrían peligro
irreversible si se le autorizara a abandonar el territorio español para
acudir a la primera sesión del Parlamento europeo. (Esta sería la
diferencia fundamental con su elección al Congreso de los Diputados, en
los que sí se le permitió acudir al Congreso porque no requería
trasladarse fuera del territorio español).
En este contexto, mediante sus tres cuestiones prejudiciales, , el
Tribunal Supremo pregunta en esencia al TJUE “si el artículo 9 del
Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión debe
interpretarse en el sentido de que goza de inmunidad en virtud de dicho
artículo una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al
Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión
provisional en un proceso penal por delitos graves y que no ha sido
autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el Derecho interno
tras la proclamación ni a desplazarse al Parlamento Europeo para
participar en su primera sesión. En caso de respuesta afirmativa, el
Tribunal Supremo preguntaba si esta inmunidad implica el levantamiento
de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al
interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las
formalidades requeridas.”
Pues, bien, el TJUE concluye -a nuestro juicio acertadamente por ser
la interpretación más garantista- que el artículo 9 del Protocolo sobre
los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea debe interpretarse
en el sentido de que se goza de inmunidad una vez que una persona ha
sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo, aunque no se
hayan cumplido los requisitos previstos por el Derecho interno tras la
proclamación ni haya podido desplazarse al Parlamento Europeo para
participar en su primera sesión, dando primacía así a las garantías
establecidas en dicho precepto para la protección del buen
funcionamiento y de la independencia del Parlamento Europeo, porque es
de eso de lo que se trata.
Esta inmunidad supone el levantamiento de la medida de prisión
provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al
Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. No
obstante, también señala el TJUE que si el órgano judicial competente
estima que debe mantenerse la medida de prisión provisional ha de
solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha
inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo
Protocolo.
inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo
Protocolo.
Hasta aquí la sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 que
resuelve una cuestión sin duda muy relevante desde el punto de vista de
la democracia representativa en un sentido que parece razonable para su
adecuada protección.
Otra cosa son las consecuencias políticas que pueda tener en pleno
proceso de negociación del Gobierno de España con ERC -si no existiese
dicha negociación la trascendencia de esta sentencia sería menor desde
el punto de vista político- no es culpa del TJUE el que estemos donde
estamos respecto a la constitución del Gobierno. Tampoco dice el TJUE
que haya que excarcelar a Junqueras ni que otorgarle un indulto, ni
mandarle mañana al Parlamento europeo. Lo que hace es sencillamente lo
que haría cualquier tribunal nacional o internacional: interpretar las
normas existentes, en este caso las del Derecho Europeo.
En este sentido, conviene insistir en que esas son las reglas del
juego y que no hay ninguna injerencia en el Derecho nacional ni ninguna
desautorización del Tribunal Supremo, por mucho que griten los ultras de
uno y otro lado. Las cuestiones prejudiciales se plantean precisamente
para esto. Pensar que porque una cuestión prejudicial se resuelva en un
sentido u otro, o el TJUE o el TEDH dicte una sentencia estimatoria o
desestimatoria en el ámbito de su jurisdicción se cuestiona el Estado de
Derecho español o hay una injerencia en cuestiones internas es
desconocer que esto pasa todos los días (afortunadamente porque disponer
de una instancia más no viene nada mal).Que una sentencia sea revocada o
una doctrina judicial revisada es habitual y nadie piensa por ello que
se hunden los cimientos de nuestro ordenamiento jurídico (por mucho que
a los abogados que pierden les moleste, lo que es muy comprensible).
Pero además el 14 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo dictó
sentencia en el juicio del procés condenando a Oriol Jnqueras a una
pena de trece años de prisión y, por otro, a una pena de trece años de
inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de
todos sus honores, empleos y cargos públicos, aunque sean electivos, e
incapacidad para obtener o ejercer otros nuevos, por lo que queda por
ver cuales son los efectos prácticos de esta sentencia, una vez que ha
terminado la prisión provisional. Corresponderá al Tribunal Supremo
dilucidar esta cuestión pero de lo que estamos seguros es que lo hará
conforme a las reglas del Estado de Derecho. Que pueden gustarnos más o
menos, pero que tienen dos ventajas: ser iguales para todos y poder
cambiarse por los procedimientos legalmente establecidos si nos parece
que no responden a las necesidades de la sociedad.
La sentencia del TJUE puede consultarse aquí Fonte. Blog Hhay Derecho.
Comentario al repecto. Hay que sacar de la cárcel a Junqueras.
El TJUE no ha dicho que haya que excarcelar a Junqueras, pero se sobreentiende: Ha dicho que Junqueras tiene inmunidad…. Y ha recordado que eso implica que no puede estar bajo prisión provisional (la nombra el TJUE porque es la situación en que estaba Junqueras cuando se preguntó al TJUE) si no se le ha retirado la inmunidad mediante un suplicatorio.
La situación tras la “condena” es que está en prisión, pero Junqueras no ha sido realmente inhabilitado (así lo decidió el TS en una resolución del 30 de octubre: ver, por ejemplo: https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Supremo-inhabilitacion-Junqueras-pronuncie-inmunidad_0_961004836.html ), por lo que es obvio que Junqueras sigue siendo Europarlamentario con su inmunidad intacta. Y esa inmunidad garantiza que no pueda ser detenido (salvo delito flagrante)… Así que, según la ley, mientras no se pida y resuelva suplicatorio, Junqueras no puede estar en prisión (ni provisional ni de ningún tipo).
Obviamente el TS “presuntamente” sigue sin respetar la inmunidad parlamentaria de Junqueras, así que le mantiene preso en contra de lo que dice la ley que cabe aplicar… y esa es la demostración de que estamos ante un preso político en un país que pretende hacerse pasar como un “Estado de Derecho”.
NOTA: Hay que recordar que el TS “presuntamente” ya vulneró la inmunidad constitucional (artículo 71, básicamente la misma que la europea) de los parlamentarios y senador electos que mantuvo en prisión, así que este comportamiento no nos debería sorprender.
Respecto el panorama político español… Pues teniendo en cuenta que “presuntamente” estamos hablando de detención ilegal perpetrada con la “colaboración necesaria” de dos parlamentarios de Vox (recordemos que ambos eran acusación particular en el “proceso judicial” y pidieron prisión provisional también para quienes gozaban de inmunidad)… pues será interesante ver cómo se desarrollan los correspondientes suplicatorios… Aclaro que esto sería lo esperable si realmente se siguieran las reglas de un “estado de Derecho”.
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