Las elecciones no las gana quien tiene el mejor programa electoral, quien mejor defiende a los ciudadanos, quien mejores datos económicos presenta, sino quien es capaz de colocar la pregunta que los ciudadanos tienen que responder en las urnas. No es lo mismo que los telediarios abran con una manifestación por la sanidad pública que con que ocho candidatos de Bildu a las elecciones municipales pertenecieron a ETA. No es casual que cuando la luz subía estratosféricamente fuera noticia cada día y ahora, que tenemos la luz más barata porque se ha intervenido su precio, no aparezca el precio ni en un breve.
Da igual que tu abuela esté cobrando 120 euros más al mes de pensión frente a los tres euros que le subía el PP, que a ti te hayan subido 400 euros el salario mínimo, que la inflación de España sea de las más bajas de la UE, que el precio de la luz sea el más barato del continente por la excepción ibérica o que a pesar de la pandemia se haya reducido la desigualdad porque ha habido un Estado presente que ha ejercido de escudo social.
Da igual que tu alcalde haya desprivatizado la ayuda a domicilio y las trabajadoras ganen ahora 300 euros más al mes que antes se embolsaba Clece, empresa de Florentino Pérez que se hace de oro con la gestión de los servicios públicos. Da igual que el vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana, Héctor IIlueca, haya puesto en el centro el derecho a la vivienda; que la Generalitat Valenciana, en el departamento que gestionaba Mónica Oltra, sea la única comunidad autónoma donde las víctimas de violencia de género cobran una prestación al nivel del salario mínimo para poder tener libertad para llenar la nevera y no tener que regresar al hogar del maltrato por necesidad económica.
Da igual que la ministra de Igualdad, Irene Montero, haya ampliado hasta 16 semanas los permisos por maternidad y paternidad, obligatorios para que las empresas no coaccionen a sus trabajadores. Da igual que ahora a los seis meses de firmar un contrato temporal pases a firmar uno indefinido gracias a la Reforma Laboral de la ministra Yolanda Díaz, y con ello tengas acceso al crédito para comprarte un piso o una aspiradora alemana, o que más de 1,5 millones de personas en situación de exclusión estén recibiendo el Ingreso Mínimo Vital que ha puesto en marcha la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
Da igual todo porque el poder mediático no cuenta lo que pasa sino lo que quieren que ocurra. El poder mediático es coautor de la ola reaccionaria global que lleva a quien tiene un trabajo sin dar de alta a odiar más a su vecino inmigrante que al dueño de la empresa que lo tiene trabajando en la ilegalidad. Desde que los bancos, las eléctricas o la industria armamentística empezaron a invertir en medios de comunicación, el poder mediático no cuenta la realidad, la crea. El objetivo es convencer a una familia que ha recibido una orden de desahucio del banco de que su gran problema es que le pueden ocupar su casa y que el político que defiende prohibir los desahucios es un monstruo que se come a los niños por la noche.
Convertir la anécdota en generalidad e invisibilizar la realidad hasta convertir en monstruosos a quienes sufren los problemas que realmente existen. Ese es el papel que cumplen Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés o Pablo Motos. Ningún periodista que cobre 4 millones de euros al año, como cobra Ana Rosa Quintana, percibe ese salario para contar la realidad y garantizar la función social que constitucionalmente tiene asignado el periodismo.
Ana Rosa Quintana no trabaja de periodista para informar a la ciudadanía, sino de portavoz de los intereses de PP y Vox, partidos que a su vez son el brazo armado de quienes no le dan de alta a tu vecino en el bar de debajo de tu casa, de quienes pagan menos impuestos que el frutero de la esquina o de quienes te tratan de convencer que la ley de vivienda desampara a los grandes propietarios y que la libertad es poder cobrar lo que te dé la gana por un alquiler y no que puedas vivir dignamente con tu familia en una vivienda decente.
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